MIAMI.- El fiscal General de Florida, James Uthmeier, emitió una directiva que ordena la suspensión inmediata de los arrestos de inmigrantes indocumentados en el estado floridano.
Esta acción se registró después de que una jueza federal, Kathleen Williams, expresó asombro por el incumplimiento de una restricción judicial que la magistrada había dictado previamente.
La jueza de distrito sostuvo que las autoridades estatales continuaron las detenciones de inmigrantes sin documentación a pesar de su orden de restricción temporal emitida el 4 de abril.
Durante una audiencia en Miami, se informó a la magistrada sobre la realización de hasta 15 detenciones por parte de las fuerzas del orden de Florida en las dos semanas anteriores, en lo que consideró una clara violación de su mandato.
“Cuando emití la orden de restricción temporal, nunca se me ocurrió que los agentes de policía no estarían obligados por ella”, manifestó Williams, quien también mostró preocupación por la falta de instrucciones claras para evitar estos arrestos.
La situación se agravó con la detención de un ciudadano estadounidense nacido en Georgia, lo que motivó a la jueza a extender su orden restrictiva por 11 días adicionales.
Ley SB 4-C y sanciones
La norma esta disputa, la Ley SB 4-C, busca penalizar a inmigrantes indocumentados que ingresan o regresan a Florida. Esta legislación estatal tipifica como delito menor la entrada al estado de personas que ingresaron a Estados Unidos sin inspección.
Las sanciones son severas a la luz de esta disposición: un extranjero no autorizado mayor de 18 años que ingrese a Florida tras eludir la inspección federal comete un delito menor de primer grado.
La condena implica una sentencia mínima obligatoria de nueve meses de encarcelamiento. La ley también impone penas más duras para reincidentes, con un año y un día de prisión para quienes tengan una condena previa bajo esta normativa.
Cuestionamientos
La suspensión judicial de la ley SB 4-C se basa en argumentos constitucionales presentados por la Coalición de Inmigrantes de Florida, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y demandantes individuales.
Se alega que la ley viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución estadounidense, la cual reserva la aplicación de políticas de inmigración exclusivamente al gobierno federal.
El principal argumento es que Florida estaría invadiendo competencias federales al crear sus propias leyes y mecanismos de control migratorio, según los demandantes.
También aseguran que esto genera conflictos jurisdiccionales y puede vulnerar derechos fundamentales.
La jueza Williams añadió que la disposición de detención obligatoria limita la discrecionalidad de las fuerzas federales y obstruye procedimientos judiciales federales.
Posición del fiscal general
Aunque ordenó detener los arrestos, el fiscal general manifestó su desacuerdo con la decisión judicial.
En un correo electrónico, Uthmeier calificó la orden de la jueza Williams como “errónea en cuanto al fondo y excesivamente amplia en su alcance”.
Reseñó que la orden solo debería aplicarse a su oficina y al poder ejecutivo, no a todas las fuerzas policiales. Sin embargo, el fiscal instruyó al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, la Patrulla de Carreteras, los sheriffs y los jefes de policía a “cumplir” con las directivas judiciales.
La oficina del fiscal Uthmeier anunció que continuará la defensa de la ley en los tribunales.
Impacto en comunidades inmigrantes
Esta disputa legal genera profundas implicaciones para las comunidades migrantes en Florida. La ley SB 4-C provocó temor, ya que criminaliza a nivel estatal la situación migratoria irregular.
La detención de inmigrantes, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), puede ocurrir por diversas causas como entrada ilegal, violaciones de visa, procesos de deportación o riesgo de fuga.
El temor principal radica en que la detención puede conducir a la deportación, un resultado frecuente para muchos inmigrantes detenidos.